Fuente: Perplexity-Deep Research.
La situación de los niños con altas capacidades intelectuales en España revela importantes desafíos estructurales en su identificación y atención.
Según los datos actuales del Ministerio de Educación, solo el 0,5% de los estudiantes españoles (46.238 alumnos) han sido identificados oficialmente con altas capacidades, una cifra muy por debajo del 2-5% estimado según el criterio de CI superior a 130, o del 7-10% considerado por estudios más recientes.
Esta brecha indica que aproximadamente el 90% de los niños con altas capacidades permanecen sin diagnosticar, enfrentando un sistema fragmentado donde cada comunidad autónoma aplica criterios diferentes, lo que genera desigualdades territoriales significativas.
Pese a existir un marco legal que reconoce a estos estudiantes como alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, la falta de un protocolo común nacional, junto con la escasez de recursos especializados y la insuficiente formación docente, complica tanto su identificación temprana como la implementación de respuestas educativas adecuadas.
La legislación española establece un marco de protección para los alumnos con altas capacidades intelectuales, considerándolos como parte del colectivo con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este reconocimiento legal se fundamenta inicialmente en la Constitución Española, cuyo artículo 27.2 reconoce que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana"1.
La normativa específica actualmente vigente es la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modificó la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), manteniendo intacto el articulado relativo a las Altas Capacidades Intelectuales. El artículo 71 de la LOE establece de manera explícita que:
"Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales [...] puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales"1.
Una característica fundamental del sistema español es la descentralización educativa. Al estar transferidas las competencias en materia educativa a las Comunidades Autónomas, son las Consejerías de Educación las responsables directas de la identificación y atención a estos alumnos, a través de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y los centros educativos1. Esta estructura descentralizada, aunque permite adaptaciones a realidades territoriales específicas, ha generado una disparidad significativa en los protocolos y criterios aplicados en diferentes regiones.